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Por Denisse Larracilla; Editora Revista Planeo, estudiante del Magíster en Desarrollo Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Sabemos que eres una experta en temas de planificación urbana, ¿podrías compartirnos qué te llevó a interesarte en el vínculo entre la ciudad y la participación ciudadana?

Yo creo que es un poco especial mi camino hacia la Planeación y también hacia la academia. Yo fui escritora, corresponsal y editora por muchos años, pero aprendí Urbanismo a la fuerza en la campaña ciudadana contra el proyecto de la Costanera Norte. De este movimiento nació la organización Ciudad Viva, en la cual tuvimos experiencias extraordinarias de colaboración con el mundo académico. Y fue entonces que se me ocurrió hacer un magíster y después un doctorado en Planeación urbano-regional en Toronto, Canadá. En los países de habla inglesa la planificación es una disciplina bastante más amplia que el Urbanismo como se conoce en Chile. Desde esa perspectiva, se examina la práctica de la planificación desde distintas miradas, y también se cuestiona la teoría subyacente. Además, no separa lo urbano de lo rural o lo silvestre, sino que se aborda el territorio de una manera más integral. Y considera la “planificación” como el ciclo completo de diagnóstico, evaluación de alternativas, consultas, implementación y re-evaluación, y no solo como un punto en el proceso. Al respecto, pienso que a Chile en este momento le está haciendo una muy mala jugada esta diferencia, de pensar que “planificamos lo urbano porque somos urbanistas, pero no miramos el resto”. Desde la perspectiva de la formación que recibí, eso se llamaría la “no planificación”, es un tipo de planificación que excluye temas importantes (vida rural, áreas silvestres, etc.) y por lo tanto no constituye una buena estrategia frente a los desafíos actuales.¿Qué oportunidades representa una Nueva Constitución en Chile para repensar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes?

Es una oportunidad vital, central. Estamos viviendo con una institucionalidad tremendamente rígida. Una especie de camisa de fuerza -por no decir un sarcófago- que no permite evolucionar, acoger las inquietudes de la sociedad, tener una participación ciudadana vinculante, ni integrar las miradas de los nuevos movimientos ciudadanos en la planificación territorial. Por lo tanto, se genera mucho conflicto, pues el conflicto es lo que le queda a los actores sociales para hacerse escuchar. No es una buena forma de gestionar el territorio para nadie, ni para las juntas de vecinos, inmobiliarias, técnicos o planificadores gubernamentales.

La Constitución es una oportunidad para transformar esto. Hoy en día no tenemos una participación arraigada en lo democrático, y eso es lo que realmente hace falta. Es difícil, pero es lo que permite crear sistemas, políticas, protocolos y una nueva institucionalidad capaz de canalizar los conflictos de una manera mucho menos dramática. Porque frente a la rigidez, toda diferencia de opinión pasa a ser conflicto. Se decide según desequilibrios de poder, lo que es particularmente grave en este siglo que comienza. Si bien los países del Norte Global han presentado desafíos profundos en sus democracias posguerra, estas se han demostrado capaces de evolucionar. Canadá, Nueva Zelanda, Dinamarca, Holanda, Suecia, Francia o Alemania nos están mostrando caminos para crear sistemas de planeación que trascienden los modelos anteriores; lo cual, por supuesto, para ellos también fueron procesos de debate, contestación y conflictos a veces duros.

2. Entendiendo que la nueva Carta Magna será producto de un proceso constituyente demandado por gran parte de la ciudadanía ¿cuáles son los principales desafíos?, ¿qué papel consideras que tendrían que jugar las y los ciudadanos en este camino?

Esta situación surge porque muchos movimientos ciudadanos -grandes y pequeños- convergieron tras el 18 de octubre. Antes de esto, el movimiento estudiantil, el de la vivienda, el movimiento pro-bici -por citar algunos- andaban por su propio camino. Cada uno probaba por su lado todas las posibilidades que le daba la institucionalidad para encontrar soluciones. Y todos se encontraron con una institucionalidad que no ofrecía soluciones, pero tampoco reconocía su condición de ciudadanos/as; es decir, su derecho a opinar de forma vinculante en las decisiones que afectan su calidad de vida, la equidad, los derechos sexuales, entre otros. En este sentido, el proceso constitucional es un gran logro, un gran camino que, sin embargo, no estará ausente de desafíos.

Considero que el primer gran desafío será cuán bien las personas elegidas para la Convención Constituyente -ya sean de partidos o independientes- puedan relacionarse con los movimientos y la ciudadanía en general. Y esto será trabajo tanto de quienes sean electo/as, como también de la sociedad y sus organizaciones. Deberá haber un vínculo bien diseñado, abierto, fluido y eficiente, pues lo que quiere la gente son personas que escuchen y reflejen sus demandas en la nueva Constitución. Cualquier persona elegida que no responda a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía va a representar un problema mayor.

Si el proceso constituyente no cumple con las necesidades y aspiraciones de los movimientos ciudadanos, vamos a repetir este ciclo hasta lograr algo que sí lo permita. Entonces lo que está en juego es enorme, porque no tenemos mucho tiempo. Con la crisis global, climática y de pérdida de biodiversidad el tiempo se nos acorta. No tenemos una historia, un futuro infinito o un horizonte eterno. Si no tomamos decisiones ahora frente a cada crisis que nos va a tocar, vamos a irnos para abajo. Y está en riesgo incluso la sobrevivencia, si no de la humanidad, por lo menos de muchos aprendizajes de la civilización que creo que valdría la pena salvar.

Por otro lado, una Constitución es una declaración de principios; por lo que su redacción deberá ser general y específica al mismo tiempo. En este sentido, el segundo gran desafío del proceso constitucional será plasmar los aprendizajes de todo aquello que no funciona en la institucionalidad actual, y abrir el camino hacia un rediseño profundo. Incluso de manera más profunda que las reformas que hizo la dictadura sobre las reglas del juego en Chile. Reglas que no fueron positivas para la integración social, la equidad, la igualdad de derechos, el reconocimiento de minorías o de mayorías, como las mujeres o los pueblos originarios, entre otros.

Y dentro de esto, existe un tercer desafío: el territorio no está presente en la Constitución. Además, las instituciones que tenemos que reformar para mejorar la gestión territorial no están tan consensuadas. Si bien existe cierto consenso sobre la descentralización, habrá que preguntarse qué tipo de descentralización. Actualmente nos están ofreciendo gobiernos regionales, parcialmente elegidos, sin poderes financieros o de gestión territorial, y sin autoridad sobre la policía, lo que es una reforma central para transparentar y ordenar el trabajo policial como corresponde en una democracia que respeta los derechos humanos. Necesitamos gobiernos regionales plenamente facultados para gestionar el territorio, democráticamente elegidos y transparentes en sus procedimientos, y facultados para que todas las decisiones de gestión del territorio puedan estar en sus manos. Aunque esto es algo que no se define específicamente en una Constitución, su redacción debería abrir el camino para que esto sea posible.

3. A partir de tu amplia experiencia desde el activismo vecinal, ¿qué rol deberían tener estas organizaciones en la Nueva Constitución? y más allá, ¿qué espacio deberían tener en la ciudad y su gestión?

Yo valoro mucho los activismos diversos, creo que son la fuente de cambios necesarios en la sociedad. No estaríamos aquí dos mujeres conversando de estos temas, si no fuera por muchas generaciones de activismo de todo tipo. Y creo que las juntas de vecinos, como reivindicación histórica del pueblo chileno, pero también como necesidad para el futuro, deberían ser piedra angular de la gestión territorial. Las experiencias en pandemia han confirmado que el gobierno nacional tiene muy poca capacidad de gestionar directamente el territorio.

Desde mi experiencia personal, en la planificación y a través del conocimiento de otras transformaciones socio-territoriales, puedo decir que la unidad básica de la ciudad -grande o pequeña- es el barrio. Porque el barrio tiene la cantidad justa de personas; su escala permite acceder a la salud y la educación básica; y ofrece la posibilidad de moverse a pie o bicicleta, que son modos con beneficios para la salud y la calidad del aire; entre otras razones. El barrio es el ladrillo fundamental de una ciudad sustentable y de comunidades resilientes.

Durante la pandemia en Chile, hemos visto que los municipios que tienen buenas relaciones con sus organizaciones vecinales llegaron muy rápido con ayuda para las personas enfermas, que quedaron cesantes, que estaban pasando hambre o tenían problemas. Los municipios que no quisieron trabajar con las juntas de vecinos hicieron lo que pudieron, pero en muchos casos su apoyo fue menor a lo que debería haber sido. En Independencia, la municipalidad coordinó el servicio de salud y las pruebas de PCR con las ollas comunes y otras instancias que organizaban las y los vecinos. No es que el municipio las haya controlado, si no que apoyó y reconoció si había alguna falencia.

En cambio, la municipalidad de Providencia hizo un gran esfuerzo por apoyar, pero no quiso trabajar con las juntas de vecinos. O por lo menos en el Barrio Bellavista, que fue el caso que conocí en detalle. En un primer momento, las cajas de ayuda con alimentos se entregaron en una parte del barrio, pero no en otras, dejando a mucha gente sin apoyo. Por suerte, e incluso antes de la entrega de estas cajas, ya nos habíamos dado cuenta que la gente que conocíamos por las redes vecinales estaba quedando cesante y estaba pasando hambre. Como junta de vecinos pedimos apoyo a los vecinos que aún tenían trabajo y pudimos canalizar directamente esa ayuda con casi setenta hogares. Los cuales no fueron pocos para una junta vecinal que ni siquiera tiene una sede, porque la municipalidad no ha cumplido con esa obligación. Sin duda esta experiencia permitió cimentar lazos sociales en el barrio de una forma que no había sucedido antes.

Uso estos ejemplos para ilustrar cómo las juntas vecinales son cruciales en el marco de los grandes desafíos del siglo XXI y de la supervivencia de la humanidad. Por lo que estas organizaciones tendrían que recibir financiamiento acorde, no menor a unos $20 millones anuales, tener cierta autonomía, representar la diversidad de voces del territorio y colaborar críticamente con los municipios y autoridades regionales en la gestión territorial.

De hecho, hay antecedentes que sustentan esta mirada. En Estados Unidos existen varias ciudades cuya gestión territorial funciona a través de un convenio de largo aliento con asociaciones locales que reciben financiamiento del municipio, tienen planificadores e incluso terrenos, y con las cuales existe una relación de colaboración crítica. En Europa hay un megaproyecto de investigaciones que también está demostrando que los barrios son la piedra angular para una buena gestión territorial. Incluso para temas como la generación de empleos y redes de seguridad social, que no se limitan solo a la seguridad frente al delito.

4. Finalmente, siendo también académica, ¿en qué medida crees que la academia está involucrada actualmente en este proceso constituyente? ¿consideras que es suficiente?

Creo que se necesita mucho más; sin embargo, ha habido avances increíbles. Yo puedo hablar del CEDEUS, del Centro de Excelencia en BRT, de la Cátedra de Sustentabilidad o de Ingeniería del Transporte de la Universidad Católica, que son algunos espacios donde me he desempeñado como investigadora y docente. Me parece que hay un tremendo acercamiento, una preocupación constante e incluso cambios para construir un lenguaje común con la sociedad. Las organizaciones ciudadanas con trabajo avanzado y los académicos quienes se están acercando, también se están potenciando. Esto no significa que nunca haya existido un acercamiento del mundo académico al mundo ciudadano o territorial, pero era más bien individual o aislado. Entonces creo que ha habido un avance sumamente valioso en los últimos años, que también es posible ver en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN) o el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), entre otros.

No obstante, debemos enfrentar al reto de ponernos al día muy rápido, y no solo en los temas de investigación, sino en cómo interactuamos con la realidad. Sobre todo, cuando en Chile aún predomina la idea del investigador como un técnico que cuantifica, pero que no piensa o analiza. Tenemos que democratizar nuestros métodos y metodologías, y plantearnos varias preguntas al respecto: ¿devolvemos lo que descubrimos? ¿permitimos que las y los participantes nos cuestionen nuestras conclusiones como “investigadores iluminados”?

Es decir, empezar a incorporar la investigación participativa para la acción, que ni siquiera es un árbol con muchas ramas, sino un bosque con muchos tipos de árboles y tipos de prácticas. Pienso, entonces, que es necesario mejorar la capacidad del mundo académico de interactuar en condiciones de igualdad con la comunidad y con las organizaciones territoriales, porque ese es nuestro Talón de Aquiles. Entonces la tarea no solo es investigar, sino investigarnos a nosotres mismes y nuestras metodologías también; sobre todo ahora que las organizaciones y movimientos ciudadanos empoderados nos están demandando eso.

Resumen:

Lake Sagaris es una reconocida experta internacional en temas de desarrollo de la sociedad civil, participación y democratización de la gestión urbana-territorial, y transporte sustentable, enfocando procesos de cambio que potencien la caminabilidad, cicloinclusión, el transporte público y un transporte más justo. En 2019 fue seleccionada como Mujer Notable del Transporte por la Agencia Alemana GIZ y su iniciativa de Transformative Urban Mobility Initiative. Es Profesora Asociada de Ingeniería de Transporte y de la Cátedra de Sustentabilidad, trabajando como investigadora asociada al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y el Centro de Excelencia en BRT+, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige el Laboratorio de Cambio Social (www.cambiarnos.cl), una colaboración entre estos centros y la organización de urbanismo ciudadano, Ciudad Viva. El Laboratorio convoca a socios líderes de los sectores públicos, ciudadanos, académicos y privados para colaborar en la creación de sistemas de vida cada vez más sustentables y justos. Su investigación interdisciplinar emplea métodos cualitativos y cuantitativos en el marco de la investigación participativa para la acción. Colabora con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y colegas en América Latina, Europa, India, Canadá y EEUU. Revisa y publica artículos en revistas académicas y ha editado varios manuales sobre transporte sustentable, incluyendo el GTZ Handbook on Cycle-Inclusive Planning (2009) y el Plan Maestro Bicentenario de Ciclorutas de Santiago. Ha recibido diversos premios por su trabajo como dirigenta social (1990-2010), profesora e investigadora, y escritora profesional. Es fellow de la red global de Ashoka (emprendedores sociales) y de Synergos (senior civil society leaders).

Publicado en: Revista Planeo Nº 46  Ciudad Constituyente, Enero 2021